21/09/2009
La falta de un compromiso decidido e implacable en la lucha contra el dopaje puede costar cara a toda una sociedad.
La colisión de la legislación antidopaje española con la de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) fue uno de los aspectos negativos de la candidatura de Madrid 2016 señalados en el informe que el COI hizo público semanas atrás. Ya hace unos meses, un Real Decreto que ampliaba la franja horaria en la cual los deportistas profesionales podían negarse a recibir un control sorpresa provocó una advertencia de la WADA. Ahora el Consejo Superior de Deportes ha tenido que envainarse la reforma y ha sido necesario modificar ese punto para ajustarse mejor a las exigencias internacionales.
Algunos juristas y agrupaciones de deportistas critican que el combate contra el fraude del dopaje obligue a condiciones muy severas, como la obligación de estar localizable en cualquier momento u otras que podrían entrar en conflicto con el derecho a la intimidad o a la presunción de inocencia. Pero el crimen nunca descansa, y las redes de mejora fraudulenta del rendimiento deportivo han aprovechado precisamente la laxitud de las leyes o la planificación demasiado rígida y previsible de los controles para seguir con su estafa.
Además, la mala prensa internacional de España como un país tolerante con el dopaje, instrucciones tan discutibles como la de la“Operación Puerto”, que no llegó en depurar todas las responsabilidades de los clientes del médico Eufemiano Fuentes (recientemente el Comité Olímpico Italiano ha conseguido mediante una comparación de ADN probar que una bolsa de sangre que se encontró en el piso donde el mencionado médico suministraba sus tratamientos pertenecía al ciclista Alejandro Valverde, entre otros casos que parece que no se han investigado con suficiente decisión), turbias muertes fulminantes de deportistas de élite y el hecho de que la Agencia Estatal Antidopaje haya tenido una actividad muy discreta desde su creación, no ayudan en disipar esta impresión.
El éxito deportivo y la capacidad de convocatoria de sus protagonistas, del que a menudo se busca sacar rédito político, supone siempre para un país la tentación de hacer la vista gorda con estas prácticas que aseguran su continuidad. Además, convendría una mejor pedagogía que extirpase la indulgencia social ante una conducta que comporta no sólo un peligro contra la salud, sinoque és un engaño organizado de manera clandestina por delincuentes (así los califica el Código Penal, puesto que en su actividad acostumbran a cometer delitos como los de contrabando, contra la salud pública, de estafa y falsedad documental o contra la propiedad industrial, entre otros.)
Precisamente por estos motivos parece oportuno comenzar a poner en cuestión el discurso exculpador o el silencio cómplice que demasiado a menudo se da en medios de comunicación cuando se detecta un caso de dopaje entre los deportistas de casa, así como la pretensión de que es la presión competitiva o la exigencia de espectáculo aquello que lleva al uso de sustancias prohibidas: lo es sólo la ambición y la falta de escrúpulos y de una mínima honestidad.
Y, claro está, exigir un funcionamiento diligente y una legislación adecuada y correctamente desarrollada de las entidades responsables de combatir un delito que, puesto que se hace de los deportistas y clubs deportivos proyecciones de toda una sociedad, ensucian el nombre y el prestigio de todos cuando se comete. La noción de “todo vale” o el nefasto ejemplo que se da a las generaciones más jóvenes pueden tener un coste muy elevado a largo plazo. De momento, podría lhaber costado unos Juegos Olímpicos, con todo el dinero y esfuerzos empeñados por conseguirlos.
Tal vez mejor perder otras competiciones, pero con más limpieza e integridad.
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